En una primera instancia un juez de la ciudad de Armação dos Búzios (o Búzios), un popular centro turístico brasileño ubicado en una península al este de Río de Janeiro, determinó el cierre de la ciudad a turistas.
Mediante aquella restricción también se exigía el cese de las actividades comerciales relacionadas al ocio y el cierre de las playas.
Con esa decisión, Búzios entraba nuevamente en bandera roja, es decir, riesgo elevado de colapso de la red de salud y necesidad de aislamiento social completo.
Como consecuencia y por tiempo indeterminado, se prohibía la entrada de personas que no residen en la ciudad de Búzios.

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Marcha y contramarcha
Un día después de comenzar a aplicarse la medida restrictiva, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado entendió que el acuerdo firmado entre la Prefeitura Municipal (Ayuntamiento) y la Defensoría Pública no tenía fuerza judicial y por lo tanto desestimó la decisión.
El magistrado atendió al pedido de la Prefeitura para que el comercio vuelva a funcionar pero que igualmente los bares, restaurantes y las fiestas de fin de año quedarán limitadas al 50% de su capacidad locativa.
La decisión estuvo influida por las protestas de comerciantes del Municipio de Búzios que, tras enterarse de la primera decisión, salieron a las calles a mostrar su disconformidad contra el cierre de playas, hoteles, bares y restaurantes.
En las redes sociales circularon fotos y vídeos tomados durante las protestas en las que los ciudadano sostenían carteles con las frases “No al Lockdown”, “Búzios no cierra”, “Necesitamos trabajar”, entre otras.
Las consecuencias
El primer fin de semana luego de la confusión judicial sobre el lockdown a Búzios, hubo un notorio perjuicio para los comerciantes y empresarios del balneario brasileño.
A pesar de que la justicia suspendió rápidamente su decisión, el episodio fue suficiente para registrar una baja del 30% en el movimiento en bares, restaurantes, tiendas y en la ocupación de hoteles y posadas. Si ese porcentaje se mantiene durante las próximas semanas se calcula un perjuicio de 5 millones de reales para el sector (aproximadamente 1 millón de dólares).
La ciudad registró 453 casos de Covid-19 en la semana del 9 al 15 de diciembre. Al 23 de diciembre la ciudad acumulaba 2605 casos confirmados y 27 muertes por la enfermedad.
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